Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión bajo la estricta ley de seguridad nacional de la ciudad. Muchos de los afectados están basados en el Reino Unido, Australia, Canadá y otros países, y están vinculados al grupo 'Parlamento de Hong Kong', que aboga por reformas democráticas. El Reino Unido y otros gobiernos occidentales han condenado enérgicamente la medida, calificándola como un ejemplo de represión transnacional y una violación de las normas internacionales. Las autoridades de Hong Kong y Beijing han desestimado las críticas como parciales y falsas. Las recompensas han intensificado las preocupaciones sobre el alcance de la ley de seguridad nacional de Hong Kong y su impacto en la libertad de expresión y el activismo político en el extranjero.
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